En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Reforma del Estado, se discutió una propuesta para reformar el artículo 42 de la Constitución de Mendoza, con el objetivo de modernizar la gestión financiera del Estado. La iniciativa busca garantizar el equilibrio fiscal entre ingresos y gastos, teniendo en cuenta las fluctuaciones económicas y la sostenibilidad de la deuda. Esta reforma no solo introduce principios fundamentales como el desarrollo económico, social y ambiental, sino que también pretende evitar la imposición de nuevas cargas sin financiamiento adecuado, asegurando que el estado no gaste más de lo que recauda.

La reunión contó con la participación de destacadas figuras, incluyendo a la Dra. Gabriela Ábalos, profesora de Derecho Constitucional; los académicos Mónica González y Juan Carlos García Ojeda de la Universidad Nacional de Cuyo; y el Cdor. Julián Sadofschi, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCE).

El CPCE, representado por Sadofschi, destacó la importancia de incorporar el principio de equilibrio fiscal en la Constitución, subrayando que esta medida promoverá la transparencia y la rendición de cuentas. La colaboración del Consejo en esta reforma es un ejemplo de su compromiso continuo con la mejora de la gestión pública y la defensa de los intereses de sus matriculados y de la sociedad mendocina en general.

Los participantes discutieron la relevancia de esta reforma, que se alinea con tendencias observadas en otras provincias y países. También se enfatizó la necesidad de una redacción clara y precisa en el texto constitucional para evitar ambigüedades y asegurar una aplicación efectiva. La propuesta busca no solo estabilizar las finanzas públicas, sino también fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión del Estado.

Este esfuerzo conjunto refleja un compromiso por parte del CPCE y otras instituciones académicas y gubernamentales para adaptar la constitución a las demandas contemporáneas de la sociedad, buscando un equilibrio entre derechos y responsabilidades financieras que beneficien a todos los mendocinos.