Este martes 16 de marzo, el Juzgado Federal Nº2 de Mendoza dio el visto bueno a la medida cautelar solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza en medio del reclamo por la derogación de la Resolución General 4838/2020 de AFIP, debido a los vicios que esta presenta.
Tras el rechazo al reclamo administrativo por parte del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, una decisión catalogada como definitiva, y agotadas todas las vías para el diálogo, el Consejo optó por tomar acciones judiciales en defensa de sus matriculados, entendiendo que la RG 4838 viola principios constitucionales.
“La resolución general cuya suspensión se solicita en modo cautelar, tiene una falla de origen y consiste en no devenir de ley que obligue a los sujetos allí involucrados a actuar en el modo que se detalla, ignorando la Constitución Nacional de un modo nítido y grave al mismo tiempo”, señala el fallo del Poder Judicial.
La postura adoptada por el CPCE Mendoza - y respaldada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) - responde principalmente a que resulta inadmisible a la ética profesional que la AFIP, mediante el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales, pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional.
Gracias a esta medida cautelar, quedan suspendidos, con relación a los matriculados, los efectos de la RG 4838/20 de la AFIP hasta que exista decisión definitiva en la causa o por un plazo de 6 meses, lo que ocurra primero.
